SEAM promueve más demandas judiciales a “Infractores Ambientales Morosos”

La Secretaría del Ambiente (SEAM) en la línea de promoción al cumplimiento de la legislación ambiental en todo el territorio nacional, inició nuevas demandas judiciales en contra de infractores ambientales que “No han abonado las multas administrativas” aplicadas en consecuencia de sumarios abiertos por la Autoridad Ambiental por incumplimientos a normas ambientales.

El monto de las acciones judiciales instauradas en los Juzgados de la Capital en esta semana por el área judicial de la Dirección de Asesoría Jurídica de la SEAM, asciende a un monto de Gs. 1.295.332.500.

Estas demandas se suman a otras que fueron instauradas en el mes de marzo del presente año por un monto de Gs. 2.904.763.505 y a otras que desde el año 2015 ha venido iniciando la SEAM en contra de infractores ambientales que no han abonado sus respectivas multas administrativas impuestas por incumplimientos a distintas normas ambientales como parte de los criterios impulsados por el Ministro del Ambiente para el cumplimiento y aplicación de las normativas ambientales.

Asimismo, con la promoción de las distintas demandas, los abogados del área judicial de la SEAM también acompañan la solicitud de los embargos preventivos en los juicios ejecutivos con hasta hacer efectivo el pago de lo adeudado en concepto de multas ambientales a las que se han arribado como consecuencia de varios sumarios administrativos tramitados en su oportunidad.

>> Prescripción legal

De acuerdo al Art. 16º de la Ley Nº 1.561/00 “Que crea el Sistema de Nacional Ambiental, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaria del Ambiente”, las liquidaciones que emita la SEAM, en las que consten obligaciones a cargo de personas físicas o jurídicas, por concepto de cánones, “infracciones”, prestación de servicios no abonadas, intereses o cualquier otro tipo de deudas a favor de la Secretaría, “tienen carácter de título ejecutivo y se harán efectivos por el procedimiento de ejecución de sentencias conforme a lo establecido en el Código Procesal Civil” y prescriben a los 10 años siguientes de la fecha de su exigibilidad.