SEAM prosigue demandas contra infractores por incumplimiento en el pago de multas


La Secretaría del Ambiente (SEAM), a través de la Dirección de Asesoría Jurídica, continúa con los procesos judiciales de demanda contra infractores que no abonaron sus respectivas multas administrativas como consecuencia de sanciones impuestas en distintos sumarios abiertos por incumplimientos a normas ambientales.

En tal sentido, los abogados del Área Judicial de la Dirección de Asesoría Jurídica, en el marco de la prosecución de acciones tendientes al cumplimiento de las normas ambientales, procedieron al ingreso de varios juicios ejecutivos con la solicitud de los embargos preventivos como parte de los procesos de demandas civiles orientados al cobro de las multas a las que se han arribado como consecuencia de varios sumarios administrativos llevados a cabo a raíz de incumplimientos a normativas ambientales, de las cuales la SEAM ejerce la calidad de autoridad de aplicación.

Los principales instrumentos que son objeto de las distintas acciones ejecutivas se encuentran en las resoluciones emanadas de la SEAM, que dan conclusión a los distintos sumarios administrativos, a través de los cuales se ha resuelto sancionar a los demandados al pago de multas por infracciones constatadas.

A esta instancia se llega luego de que las mencionadas resoluciones fueran debidamente notificadas a los demandados, sin que estos hayan efectuado el pago correspondiente de la sanción impuesta, razón por la cual se ha procedido a iniciar los juicios.

Conviene tener presente que conforme al inc. b) del art. 16 de la Ley 1561/00, las liquidaciones que emita la SEAM, en las que consten obligaciones a cargo de personas físicas o jurídicas, por concepto de infracciones no abonadas en favor de la Secretaría, tendrá carácter de título ejecutivo y se harán efectivos por el procedimiento de ejecución de sentencias, conforme a lo establecido en el Código Procesal Civil.
Según la disposición, las liquidaciones formuladas en virtud de la aplicación de las leyes y reglamentaciones vigentes prescriben a los diez (10) años siguientes de la fecha de su exigibilidad.

Estas actividades forman parte de los procesos encarados a nivel institucional en el marco del cumplimiento y aplicación de las normativas ambientales, orientadas a su efectividad para la observancia de las obligaciones en la gestión ambiental y proseguirán con la promoción de otras demandas civiles por cobro de multas. 
Por tanto, se insta a la población a respetar las normativas vigentes en materia ambiental, teniendo en cuenta la posibilidad de responsabilidades legales que pudieran emerger.